La comunidad del Cabo de la Vela ha tomado una medida de hecho ante lo que consideran una vulneración de su autonomía y derechos. Nancy Gómez, representante de la autoridad tradicional de la zona, denuncia que las decisiones administrativas de la Institución Educativa han sido impuestas sin respetar el rol de las autoridades indígenas.
“Nosotros nos hemos tomado el colegio porque nos han vulnerado nuestros derechos. Estamos reclamando que se nos respete nuestra autonomía, porque en nuestro territorio somos autónomos”, afirmó Gómez, quien manifiesta su inconformidad con la gestión de la rectora, asegurando que ha tomado decisiones de manera unilateral, desconociendo la concertación con la comunidad.
Según la denuncia, la rectora se ha negado a reconocer la autoridad tradicional en los procesos de contratación docente y ha prescindido del aval de la comunidad para definir los educadores que atenderán a los estudiantes de la institución. Gómez asegura que, a pesar de haber presentado una hoja de vida con el respaldo de la autoridad tradicional, esta no fue tenida en cuenta en los procesos de selección, lo que representa una transgresión al Decreto 1345, que establece que las autoridades indígenas deben avalar dichas decisiones.
Ante esta situación, la autoridad tradicional ha intentado concertar reuniones con la Secretaría de Educación del municipio de Uribia, sin obtener respuestas concretas. “Siempre me daban citas y luego no me las cumplían. Ya fueron demasiadas veces, hasta que decidimos tomar esta vía de hecho”, explicó.
La situación se agrava con otros aspectos que, según la comunidad, también vulneran su autonomía. Entre ellos, Gómez menciona decisiones inconsultas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la Unidad de Técnica Educativa (UTE), en los que se han presentado irregularidades sin que la comunidad haya tenido participación.
Dado el contexto, la autoridad tradicional hace un llamado urgente a las entidades gubernamentales. “Solicitamos la presencia del Ministerio del Interior y un delegado del Ministerio de Educación para que se revise esta situación. El ministro puede que tenga muchas ocupaciones, pero no podemos permitir que se sigan violando nuestros derechos”, enfatizó.
La comunidad espera que este conflicto pueda resolverse de manera pronta, en favor del derecho a la educación de los niños y niñas del Cabo de la Vela, y que se establezca un precedente para evitar que situaciones similares ocurran en otras instituciones. La exigencia es clara: respeto por la autonomía y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.
