Riohacha, La Guajira – En relación con la situación jurídica que involucra al alcalde del Distrito de Riohacha, Genaro Redondo Choles, esta casa periodística, en nombre de su director Eduardo Castro, extiende disculpas públicas al coronel y comandante del Departamento de Policía Guajira y a toda la institución, por la publicación anterior basada en una fuente que, lamentablemente, indujo a equívocos que afectaron la imagen de la Policía Nacional.
Queremos dejar claro que, tras un diálogo directo y respetuoso con el señor comandante, se pudo conocer de manera oficial que sí existía una orden de arresto contra el alcalde, derivada de un desacato judicial. En efecto, la Policía Nacional procedió a notificar al mandatario local, solicitando que compareciera de forma voluntaria en las instalaciones policiales, ubicadas en Riohacha, para cumplir con la medida de arresto correspondiente.
Según lo manifestado por el comandante del Departamento de Policía Guajira, la institución no estaba en la obligación de realizar una aprehensión forzosa, debido a que el alcalde no representa un peligro para la sociedad ni es considerado un delincuente. Desde el momento en que fue notificado, el alcalde no respondió a los llamados telefónicos ni mensajes enviados por parte del comando, y además no se encontraba en su residencia para cumplir voluntariamente con la medida.
Fue solo hasta la noche del domingo 5 de mayo cuando el propio alcalde informó que se presentaría el lunes siguiente ante las autoridades para dar cumplimiento a los diez días de arresto ordenados por el juzgado.
Reiteramos que no existió complicidad, encubrimiento ni omisión por parte de la Policía Nacional. La actuación de la institución fue en todo momento ceñida a la ley, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y la seguridad jurídica.
Como medio de comunicación responsable, reconocemos que la información inicial carecía del contexto completo y pudo haber generado interpretaciones erróneas sobre el proceder de la Policía. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad, el respeto a las instituciones y el ejercicio ético del periodismo.
La Policía Nacional continúa cumpliendo con su deber constitucional de proteger a la ciudadanía y garantizar el orden público, manteniendo su disposición de actuar conforme a las disposiciones judiciales y con apego absoluto a la legalidad.
