Desde hace ya varios meses, los habitantes de Riohacha venimos padeciendo un drama cotidiano que nos afecta en lo más básico: el acceso a un servicio de energía eléctrica digno, estable y continuo. La empresa Air-e, actual prestadora del servicio, ha venido deteriorando progresivamente la calidad de vida de miles de familias en la capital guajira, y lo más preocupante es la indiferencia institucional con la que se ha permitido que este atropello se mantenga.
No se trata de una queja pasajera. Hablamos de cortes eléctricos constantes —muchos de ellos sin previo aviso—, de fluctuaciones que dañan electrodomésticos, de interrupciones que afectan el comercio, el descanso, la salud, la educación virtual y hasta la seguridad en nuestras comunidades. Es evidente la falta de mantenimiento de las redes, la sobrecarga de los transformadores y el abandono técnico que pone en riesgo no solo los equipos, sino la vida misma de los usuarios.
Lo ocurrido el pasado domingo 25 de mayo es una muestra clara del nivel de desconexión entre la empresa y la realidad de sus usuarios. Un corte general de energía programado para todo el Distrito, que afortunadamente fue desistido a última hora, hubiese significado un éxodo temporal de muchas familias buscando refugio del calor extremo en zonas aledañas. Riohacha no está para más improvisaciones ni para soportar decisiones administrativas que desconocen el rigor del clima y la dignidad de su gente.
La atención al cliente de Air-e es otro capítulo lamentable. Las quejas no reciben respuesta oportuna, los reclamos se diluyen entre formularios y llamadas sin solución, y los usuarios terminan sintiéndose más víctimas que beneficiarios de un servicio que, por ley, es un derecho fundamental.
Como profesional del Derecho y ciudadano guajiro, hago un llamado urgente a las autoridades distritales —alcaldía, concejo, personerías y entes de control— para que exijan a Air-e el cumplimiento riguroso de la normatividad vigente. La Ley 142 de 1994 es clara en su artículo 4: los servicios públicos deben garantizar calidad y continuidad. Y la Ley 143 del mismo año refuerza este principio al exigir eficiencia en la prestación del servicio eléctrico. Nada de esto se está cumpliendo en Riohacha.
Sumado a esto, la Resolución CREG 070 de 2010 establece indicadores específicos de calidad que Air-e no solo no alcanza, sino que vulnera de forma sistemática. No se trata de interpretaciones ni de subjetividades: los datos, los hechos y el malestar generalizado lo confirman.
La energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad vital. Y como tal, merece respeto, vigilancia y responsabilidad en su prestación. No podemos seguir permitiendo que se nos trate como usuarios de segunda categoría. Riohacha merece un servicio digno, acorde con los principios de equidad y legalidad.
Hoy alzo la voz, pero invito a que lo hagamos todos. Que este malestar no se quede en la esquina ni en las redes sociales. Que llegue a las oficinas donde se toman decisiones. Porque ya es hora de que a los riohacheros dejen de mamarnos gallo con algo tan serio como la luz.
