Por: Johan Enrique Peralta Gómez – Abogado
A veces me pregunto qué tanto dolor puede soportar un pueblo antes de romperse por dentro. La Guajira, mi tierra, parece estar al borde. Lo que ocurrió recientemente en la vía Riohacha–Cuestecitas no es solo un hecho violento más. Es una herida abierta que sangra sin cesar, una señal desgarradora de que la vida en este rincón del país se está desvalorizando a pasos acelerados.
Entre las víctimas del más reciente múltiple homicidio se encontraba Boris Alandete, escolta de la Unidad Nacional de Protección, oriundo de Maicao. ¿Qué tan roto está el sistema cuando ni siquiera quienes están llamados a proteger pueden protegerse a sí mismos? La respuesta está en las calles, en las veredas, en las madrugadas marcadas por el miedo.
Como abogado y ciudadano, no puedo quedarme callado. No se trata solo de cifras. No se trata únicamente de informes judiciales ni de titulares noticiosos. Se trata de vidas humanas, de familias rotas, de hijos huérfanos, de comunidades sumidas en el temor y el abandono. Se trata de la dignidad.
La Constitución de Colombia —la misma que muchas veces parece un papel mojado en nuestras regiones— establece con claridad que el deber esencial del Estado es proteger la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos. Sin embargo, en La Guajira, esa promesa se desvanece entre los silencios oficiales, las investigaciones inconclusas y el olvido institucional.
Es cierto: el homicidio está tipificado como un delito grave. Pero más grave aún es que la impunidad se haya convertido en la norma. Que la justicia no llegue, o llegue tarde, o llegue mal. Que la sangre derramada no conmueva más que a las familias que lloran en silencio.
Reclamamos acciones concretas. No basta con comunicados. Se necesita una intervención estructural del Estado, una respuesta integral que combine seguridad, inteligencia, justicia, inversión social y protección efectiva a quienes hoy arriesgan la vida por servir a la comunidad: líderes, defensores, funcionarios, ciudadanos del común.
¿Dónde están las garantías reales? ¿Dónde está la Fiscalía, la Policía Nacional, el Gobierno Nacional? ¿Hasta cuándo la gente de La Guajira tendrá que acostumbrarse a vivir con miedo, a enterrar a sus muertos, a perder la fe en un país que les dio la espalda?
La situación ya desbordó los límites de lo tolerable. Y si las instituciones no responden, si no se articulan esfuerzos entre lo nacional, lo departamental y lo municipal, entonces no solo se está permitiendo la violencia: se está siendo cómplice por omisión.
Hoy no escribo solo como abogado. Escribo como guajiro, como ser humano, como alguien que no quiere resignarse a ver cómo la violencia le gana terreno a la esperanza. No podemos aceptar que la muerte se vuelva rutina.
La seguridad no es un lujo. Es un derecho. Y el Estado, por mandato y por deber moral, tiene la obligación indelegable de garantizarla.
