Por: Johan Enrique Peralta Gómez
Abogado. Guajiro de palabra firme y raíz profunda.
En Riohacha, el agua sigue siendo más un milagro que un derecho. Mientras en otras capitales el agua corre por las tuberías sin sobresaltos, en la nuestra el acceso sigue siendo una lotería diaria, una angustia que se ha normalizado con los años. Pero lo que muchos han asumido como «el destino de La Guajira» no es más que el resultado de decisiones aplazadas, promesas sin cumplir y obras que duermen en los escritorios del poder.
Hoy quiero levantar la voz —desde el marco jurídico, pero también desde la conciencia ciudadana— para exigir la construcción inmediata de la segunda represa del río Ranchería, una infraestructura largamente anunciada, siempre necesaria, pero eternamente postergada.
No es un simple capricho técnico. Es una necesidad vital, que toca de frente derechos fundamentales como el acceso al agua potable, el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano. La Constitución no los menciona por adorno. Los recoge porque son pilares para una vida digna. Y sin agua, no hay dignidad posible.
Lo paradójico es que el río Ranchería fluye a nuestro lado, pero su caudal sigue sin ser aprovechado de forma efectiva para beneficiar a quienes más lo necesitan. La primera represa, El Cercado, no cumplió ni de cerca con las expectativas de impacto social prometido, y sin embargo, seguimos sin avanzar en la segunda etapa, que podría transformar profundamente las condiciones de vida de miles de guajiros.
Desde el punto de vista jurídico, el Estado colombiano no puede seguir posponiendo esta deuda histórica. Hay un principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que obliga al Estado a avanzar, no a retroceder, y mucho menos a estancarse. No construir esta represa no solo es una falta de planeación, es también una posible omisión que compromete la responsabilidad del Estado.
La segunda represa no es solo una obra de ingeniería: es la esperanza de un pueblo, el anhelo de un alcantarillado funcional, de un sistema de saneamiento básico que no colapse cada vez que llueve, de que los niños y niñas no enfermen por consumir agua de dudosa procedencia. Es también una apuesta por la justicia intergeneracional, porque los hijos de nuestros hijos no deberían seguir peleando por lo mínimo.
Hoy, más que una petición técnica, lo que hacemos es un llamado urgente a la conciencia nacional. A que los entes territoriales, el Gobierno central y las entidades competentes dejen de darle largas a lo impostergable. A que entiendan que esta obra no puede seguir siendo rehén de la burocracia ni de la indiferencia.
Riohacha no necesita discursos. Necesita agua. Y la represa es el camino.
