Por Eduardo Castro
Director de Reforma Informativa
En pleno siglo XXI, mientras el mundo habla de inteligencia artificial, turismo espacial y energías renovables, en La Guajira seguimos luchando por lo más básico: agua para vivir y caminos seguros para transitar. Cuesta entender cómo, después de tantas promesas de desarrollo, tantas cifras de inversión y tantos planes desde Bogotá, miles de guajiros aún tengan que pelear cada día por una gota de agua y por el derecho elemental de no morir atropellados por el tren que transporta riqueza, pero no bienestar.
Lo ocurrido recientemente con Raquelina Paz Epiayú, arrollada por el tren del Cerrejón en Uribia, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un desequilibrio profundo y estructural. Una comunidad indígena históricamente resiliente, como la wayuu, sigue pagando con vidas y sed el precio de un progreso que no le pertenece. El tren pasa, pero el agua no llega. El carbón se mueve, pero el desarrollo se queda varado.
La realidad es tozuda: aún hoy, en vastas zonas del territorio guajiro, las comunidades carecen de acceso a agua potable, a salud oportuna, a seguridad alimentaria y a servicios básicos. Y no es por falta de recursos. Es por falta de voluntad real, de enfoque territorial, de respeto por la vida digna de los pueblos originarios.
Que un niño wayuu deba caminar kilómetros para tomar agua contaminada mientras a pocos metros pasa un tren con toneladas de carbón rumbo al extranjero, debería avergonzarnos como sociedad.
Hoy más que nunca se necesita un diálogo sincero entre el Estado, las empresas y los pueblos indígenas. Un diálogo que deje de tratar a La Guajira como un territorio de extracción y la vea como un territorio de dignidad y derechos.
Porque en el siglo XXI no puede seguir muriendo gente por sed ni por la falta de una señal en la vía.
