Por: Johan Peralta Gómez – Abogado defensor del Estado de Derecho y orgullosamente Guajiro.
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico ha sido una de las principales líneas de cooperación entre Colombia y Estados Unidos. No se trata de una imposición extranjera, como algunos sectores políticos pretenden hacer ver, sino de un compromiso mutuo con repercusiones bilaterales, regionales e incluso globales. Hoy, sin embargo, el panorama se oscurece gravemente. Estados Unidos ha dado un paso contundente al desertificar a Colombia, enviando un mensaje claro de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha incumplido compromisos esenciales en esta lucha.
Como jurista y ciudadano comprometido con el Estado de Derecho, no puedo observar en silencio esta grave señal de alerta internacional. La desertificación implica, en términos prácticos, La probabilidad a futuro de suspensión de ayudas y cooperación en materia de drogas ilícitas. Pero más allá de su impacto económico o técnico, representa una pérdida de confianza internacional en nuestras instituciones y en la voluntad política del Ejecutivo para enfrentar uno de los flagelos más destructivos de nuestro tiempo.
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 189, numeral 4, que es deber del Presidente “conservar el orden público en todo el territorio” y “dirigir las Fuerzas Armadas”. ¿Cómo justificar entonces la laxitud con la que se ha abordado el crecimiento de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de economías criminales y la creciente percepción de permisividad hacia estructuras narco criminales? Petro no puede desentenderse de esta responsabilidad constitucional. El discurso de la “paz total” no puede ser una excusa para abdicar del deber de hacer cumplir la ley.
Desde La Guajira, una región históricamente golpeada por el narcotráfico y la falta de presencia efectiva del Estado, entendemos mejor que nadie los costos humanos de esta indiferencia. Cada vez que el gobierno central decide “dialogar” sin condiciones con estructuras criminales, lo que percibimos en los territorios es un aumento de la violencia, el reclutamiento forzado, y la cooptación de comunidades por actores ilegales que sustituyen al Estado con dinero sucio y promesas efímeras.
Los tratados internacionales ratificados por Colombia como la Convención de Viena de 1988 obligan a nuestro país a adoptar medidas eficaces para combatir la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes. La pasividad gubernamental no solo rompe con estos compromisos, sino que genera responsabilidad internacional. No es solo un asunto diplomático, estamos frente a un eventual incumplimiento del Derecho Internacional, con consecuencias jurídicas que podrían escalar.
Desde el Derecho Constitucional, Penal e Internacional, la situación es alarmante. Y lo más preocupante es que el presidente Petro, en lugar de asumir esta advertencia con seriedad, insiste en una narrativa de soberanía mal entendida, que sólo profundiza el aislamiento de Colombia en la escena internacional.
Es momento de actuar con responsabilidad, sin ideologismos. La lucha contra el narcotráfico no puede ser vista como un capricho extranjero, sino como una obligación moral y legal con nuestras comunidades, con nuestras víctimas, y con las generaciones futuras.
La Guajira, y todo el país, merece un gobierno que entienda que el respeto por la ley nacional e internacional no es negociable. El costo de la inacción ya lo estamos pagando, y la desertificación por parte de Estados Unidos es solo el primer síntoma de una enfermedad institucional que puede hacerse irreversible si no se toman correctivos de inmediato.
