El clima de inseguridad que se vive en la Alta Guajira volvió a poner a Uribia en el centro de la atención. Este viernes, el municipio fue escenario de un Consejo Extraordinario de Seguridad, convocado tras el hurto de varios vehículos de las empresas Energía Bogotá y Cerrejón, ocurrido el pasado jueves en zona rural.
Según el reporte, hombres armados interceptaron una caravana de contratistas en el kilómetro 65 de la vía antigua hacia Wimpeshi. Obligaron a los trabajadores a descender de cuatro vehículos de Energía Bogotá y, debido a una falla mecánica en uno de los automotores, terminaron despojando además a otro grupo de funcionarios de la camioneta en la que se movilizaban, adscrita al área social de Cerrejón.
Los asaltantes abandonaron el vehículo dañado y trasladaron el resto hacia la zona rural, con rumbo presuntamente hacia la frontera con Venezuela. Gracias a la reacción de la Fuerza Pública, uno de los carros fue recuperado, mientras avanzan las labores de inteligencia para dar con el paradero de los demás.
En la reunión participaron la Policía, el Ejército, entes investigativos, la Secretaría de Gobierno Departamental y la Secretaría de Asuntos Indígenas, junto a las autoridades locales. El secretario de Gobierno de Uribia, René Alberto Lindarte Velásquez, fue enfático en pedir que el tema sea elevado al nivel nacional y reclamó la instalación de mesas de trabajo con la Cancillería para enfrentar la criminalidad en la frontera.
“Por cada secuestro o hurto que se comete, los delincuentes terminan utilizando la línea limítrofe como vía de escape. Es necesario que esta problemática sea asumida directamente desde el Gobierno Nacional”, sostuvo el funcionario.
La secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, Oriana Zambrano Montoya, también expresó su preocupación y pidió resultados concretos: “La presencia institucional debe ser constante y los compromisos del Gobierno no pueden quedarse en anuncios. La gente en la Alta Guajira vive con miedo y eso no puede normalizarse”.
Aunque no asistió de manera presencial, el alcalde Jaime Luis Buitrago García envió un mensaje de respaldo, subrayando que la seguridad de los uribieros y la protección de las inversiones estratégicas —entre ellas los parques eólicos— son prioridad para su administración.
El Consejo concluyó con la decisión de intensificar patrullajes, operaciones de inteligencia e investigación criminal en los corredores urbanos y rurales, además de reforzar la coordinación en la frontera.
La comunidad, entre tanto, permanece en zozobra. La delincuencia, que combina el hurto, la extorsión y los secuestros, golpea no solo a las familias de Uribia, sino también a las empresas que le apuestan al desarrollo de la región.
