AQUALIA Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UNA RELACIÓN SIN REVERSA

Por: Johan Enrique Peralta Gómez / Abogado.

En Riohacha es innegable que la empresa Aqualia ha venido incumpliendo con varios de los deberes esenciales derivados de su función como operador del servicio público de acueducto y alcantarillado. La ciudadanía ha sido testigo de fallas reiteradas en la prestación del servicio, lo que genera un evidente malestar social y plantea cuestionamientos sobre la eficacia de la gestión contractual.

Sin embargo, desde una óptica Jurídica podría pensarse que el alcalde Genaro Redondo tendría la posibilidad de revocar o dar por terminado el contrato existente con Aqualia, en defensa del interés general. Pero la realidad existencial y contractual es mucho más compleja. Es presuntivo idealizar que podrían haberse dado acuerdos entre el alcalde Genaro Redondo y la empresa Aqualia que dificultaría cualquier ruptura unilateral por parte de la administración. Por lo que una eventual terminación anticipada implicaría, para el Alcalde Genaro Redondo la devolución de ciertos recursos que Aqualia pudo haber entregado inicialmente bajo figuras como aportes, inversiones o contraprestaciones para la adjudicación del contrato.

Es decir, jurídicamente el municipio no solo tendría que justificar una causal sólida y demostrable de incumplimiento, sino asumir las consecuencias económicas derivadas de deshacer el vínculo contractual. Y políticamente, esa decisión generaría un impacto significativo en las finanzas municipales y en la estabilidad institucional.

Por estas razones, todo indica que el alcalde Genaro Redondo no dará marcha atrás. Su administración culminará junto con la vigencia del contrato, y Aqualia, pese a sus incumplimientos, permanecerá hasta el cierre de este gobierno.

En última instancia, esta situación invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los procesos de contratación pública, garantizar mayor transparencia en la negociación de condiciones y asegurar que los operadores cumplan con los estándares que exige la ciudadanía. La ciudad no puede seguir sometida a contratos que terminan beneficiando más a las empresas que al pueblo Riohachero.

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