Por: Eduardo Castro / Periodista y Director
Líderes indígenas de Sarrutsira y Yokuyukutshi aseguran que el material particulado estaría afectando la salud de las familias, la pesca, la vegetación y el territorio ancestral. Cerrejón respondió que cumple con la normativa ambiental y que sus monitoreos mantienen indicadores dentro de los límites permitidos.
Media Luna, Alta Guajira. Una nueva controversia ambiental volvió a poner la mirada sobre la operación portuaria de Cerrejón en Puerto Bolívar. Las comunidades indígenas Wayúu Sarrutsira y Yokuyukutshi, ubicadas en el sector de Media Luna, hicieron pública una denuncia en la que aseguran estar siendo afectadas por la presunta dispersión de polvo de carbón proveniente de las pilas de almacenamiento del complejo portuario.
La denuncia fue presentada por las autoridades tradicionales y líderes comunitarios, quienes afirman que desde hace varios meses las fuertes brisas que caracterizan esta zona del extremo norte de La Guajira arrastran partículas oscuras que terminan depositándose sobre las viviendas, los cultivos, los animales, las fuentes de agua y hasta sobre las aguas del mar.
Para los habitantes, no se trata únicamente de un problema visual. Sostienen que la situación estaría generando consecuencias cada vez más preocupantes para la salud y para las actividades tradicionales que sostienen la economía de las familias Wayúu.
«El polvo llega hasta nuestras casas»
Los voceros de las comunidades relatan que, durante los días de mayor intensidad de los vientos, una fina capa de polvo negro cubre techos, patios, recipientes de agua, árboles y corrales.
Según indican, las partículas también alcanzan las embarcaciones de los pescadores artesanales y zonas cercanas a la costa, situación que consideran alarmante por tratarse de un territorio donde la pesca constituye una de las principales fuentes de alimentación e ingresos.
Como evidencia de sus afirmaciones, aseguraron contar con registros fotográficos tomados el pasado 11 de julio de 2026, en los que, según manifiestan, se observa una embarcación pesquera cubierta por una capa de polvo negro después de permanecer en la zona.
Preocupación por posibles afectaciones a la salud
Uno de los aspectos que más inquieta a las comunidades tiene que ver con el bienestar de sus habitantes.
Los líderes sostienen que en los últimos meses han observado un aumento en casos de tos persistente, dificultades respiratorias, cuadros gripales, irritaciones en la piel y molestias oculares, especialmente entre niños y adultos mayores.
Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades sanitarias que establezca una relación entre estos síntomas y el material particulado denunciado, las comunidades consideran indispensable que el Ministerio de Salud adelante brigadas médicas y estudios epidemiológicos que permitan esclarecer la situación.
«Necesitamos que alguien venga a verificar lo que está ocurriendo. No queremos esperar a que el problema sea mayor», señalaron representantes comunitarios durante el pronunciamiento público.
Un territorio que depende de la naturaleza
Para el pueblo Wayúu, la preocupación trasciende cualquier discusión técnica.
El territorio constituye el eje de su identidad cultural, espiritual y económica. Allí desarrollan actividades ancestrales como la pesca, el pastoreo de chivos y ovejas, el aprovechamiento de especies nativas y la conservación de sitios considerados sagrados.
Por esa razón, los líderes consideran que cualquier alteración ambiental representa también una amenaza para su forma de vida.
Según explican, la vegetación cercana muestra signos de afectación, mientras que el polvo se deposita sobre los pastizales utilizados por los animales y podría estar llegando hasta sectores del ecosistema marino.
Los cuestionamientos a la operación portuaria
En el documento divulgado públicamente, las comunidades expresan que, desde su perspectiva, los controles implementados sobre las pilas de carbón no serían suficientes para evitar que el viento disperse el material particulado.
Entre los señalamientos mencionan la presunta falta de cobertura completa de algunos acopios, insuficiente humectación permanente y medidas que, según consideran, deberían fortalecerse para reducir el impacto sobre las comunidades vecinas.
Por ello solicitaron una inspección técnica por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de Corpoguajira, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la operación portuaria.
Asimismo, pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional para garantizar el derecho de las comunidades indígenas a vivir en un ambiente sano.
La respuesta de Cerrejón
Frente a los señalamientos, Cerrejón emitió un comunicado en el que aseguró que desarrolla su operación portuaria bajo estricto cumplimiento de la legislación ambiental colombiana y con medidas permanentes para controlar la emisión de material particulado.
La empresa explicó que entre sus sistemas de control se encuentran el cargue directo de carbón a los buques, la aspersión permanente de agua sobre las pilas de almacenamiento, bandas transportadoras cubiertas y planes especiales de respuesta durante condiciones climáticas adversas.
Igualmente, indicó que realiza monitoreos continuos de calidad del aire, agua, flora y ecosistemas marinos, cuyos resultados —según afirma— permanecen dentro de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente y pueden ser consultados públicamente tanto en su página web como en la plataforma del IDEAM.
Cerrejón también señaló que dichos seguimientos cuentan con el acompañamiento del Comité Veedor Ambiental, integrado por representantes de comunidades cercanas a Puerto Bolívar.
En relación con el origen del material particulado observado en la zona, la compañía manifestó que este puede provenir de distintas fuentes naturales y antrópicas, entre ellas partículas propias del ecosistema desértico, actividades domésticas como la cocción con leña e incluso fenómenos atmosféricos como el polvo transportado desde el desierto del Sahara. Además, reiteró que mantiene espacios de diálogo con las comunidades para atender sus inquietudes y fortalecer el seguimiento ambiental junto con las autoridades competentes.
Ahora la atención se centra en las autoridades
Mientras ambas partes mantienen posiciones distintas sobre el origen y alcance del problema, las comunidades esperan que los organismos ambientales adelanten verificaciones técnicas independientes que permitan establecer con certeza si existe afectación por material particulado y, de ser necesario, ordenar las medidas correspondientes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el permanente desafío de armonizar una de las operaciones mineras más importantes del país con la protección de los ecosistemas de la Alta Guajira y los derechos de las comunidades indígenas que ancestralmente habitan este territorio.
Por ahora, la denuncia permanece en conocimiento de las autoridades competentes, que tendrán la responsabilidad de evaluar las evidencias presentadas por las comunidades, contrastarlas con la información técnica suministrada por la empresa y determinar si es necesario adoptar nuevas acciones para garantizar la protección del ambiente y la salud de la población.
